Discursos e Intervenciones de la delegación cubana en la 61 Comisión de Derechos Humanos

Cuba, en respuesta al firme clamor de la comunidad internacional, asume el deber de someter a la decisión de esta Comisión, el proyecto de resolución L.94 Rev.1 titulado “Cuestión de los detenidos en el área de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo”. Cuenta con el copatrocinio de: Belarús, Siria, Libia, Venezuela y República Popular y Democrática de Corea.

Ninguno de los autotitulados “tutores” de los derechos humanos ha tenido el valor de hacerlo.

Esta iniciativa responde a la necesidad de poner fin a la impunidad y al silencio cómplice frente a uno de los capítulos más graves de violaciones masivas y flagrantes a los derechos humanos en la historia reciente. No prejuzga ni condena. No busca sanciones. Sólo exige el derecho a conocer objetivamente lo que está ocurriendo en el centro internacional de torturas implantado dentro del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo.

Con esta acción, Cuba actúa en consecuencia con la voluntad expresa de las grandes mayorías de los ciudadanos del mundo, y las decisiones de sus instituciones elegidas en las más diversas regiones, entre ellos el Parlamento Europeo, que en octubre de 2004 llamó al Gobierno de Estados Unidos a permitir una investigación imparcial e independiente con relación a las alegaciones de torturas y maltrato de todas las personas privadas de libertad bajo su custodia.

Pedimos reiteradamente el copatrocinio a la propuesta a cada uno de los 25 miembros de la Unión Europea y a otros siempre dispuestos a presentar y acompañar acciones contra los países del Sur. Todavía estamos esperando sus respuestas. Ni uno sólo se atrevió a desafiar la amenaza de la superpotencia hegemónica.

La Unión Europea y aquellos que suman su complicidad dolosa a las agresiones que los halcones neofascistas de la administración Bush urden contra Cuba y otros pueblos del Sur, extienden ahora el bochornoso y criminal manto de la impunidad al régimen de Washington, que pretende legalizar y promueve aberrantes formas de tortura, que mantiene secuestrados a cientos de personas a los que niega incluso su identidad y acceso a la justicia, que transgrede las más elementales normas del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, que lanza guerras alegando combatir el terrorismo mientras cobija en su territorio a centenares de terroristas anticubanos, entre estos, a Luis Posada Carriles, el más peligroso terrorista del hemisferio occidental.

La posición de la Unión Europea sobre esta resolución es la expresión de la subordinación a la política de EE.UU., y de su incapacidad de adoptar una posición independiente cuando se aborda cualquier asunto que atañe al imperio.

Los países del Norte no apoyarán hoy este proyecto de resolución –sabemos que ya se plegaron. Dejarán registrados sus nombres en el panteón de la ignominia y empujarán definitivamente a la Comisión hacia el abismo del descrédito. El mundo reclama justicia y exige a esta Comisión que deje de ser un instrumento de los intereses de los poderosos.

No voy a llamar otra vez a que la Unión Europea y los otros aliados de los EE.UU. se quiten las máscaras porque su hipocresía y cobardía no hay como ocultarlas. Han quedado ya totalmente al desnudo.

Muchas Gracias.

Subir

Discurso de Jorge Ferrer Rodríguez, Miembro de la Delegación de la República de Cuba.

Tema 19: Servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos.

Ginebra, Abril de 2005

Sr. Presidente:

Este tema de los servicios de asesoramiento y cooperación técnica ha sido convertido por los países industrializados en una extensión del politizado, selectivo y discriminatorio tema 9 de la agenda de esta Comisión.

El Informe del Secretario General sobre los programas de asesoramiento y asistencia técnica en materia de derechos humanos señala que el eje central del Programa de cooperación técnica está constituido por las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados y los procedimientos especiales.

Ambas instancias han realizado críticas y recomendaciones a los países desarrollados por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de los inmigrantes, la detención arbitraria de solicitantes de asilo; la práctica de la tortura; la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la pornografía infantil y por la cercenación de derechos y libertades fundamentales, con el pretexto de la supuesta lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, nunca se ha presentado, ni aprobado en esta Comisión una resolución sobre la asistencia técnica a un solo país desarrollado, ni existen prácticamente oficinas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en países desarrollados.

Sr. Presidente:

Este tema del programa es usado frecuentemente por los países desarrollados como instrumento de presión contra países subdesarrollados. Se les amenaza con que si no aceptan la apertura de una Oficina del Alto Comisionado en el terreno, firman un acuerdo de la llamada “cooperación” con el Alto Comisionado o aceptan la aprobación de una resolución bajo este tema, serán objeto de una resolución bajo el tema 9 que es en realidad el de la llamada situación de los derechos humanos, única y exclusivamente, en países del Sur.

Los mismos países que, con reticencia, apenas contribuyen una tercera parte de sus compromisos de ayuda oficial al desarrollo, aportan todos los años varios millones de dólares a proyectos específicos de cooperación técnica en materia de derechos humanos.

¿Por qué? Porque los programas de asistencia técnica se han convertido en cierta medida en instrumentos para la imposición de la agenda de los países desarrollados y de los componentes de su modelo político, jurídico y económico de dominación.

¿Cómo promueven los países desarrollados su interpretación unilateral y selectiva de los derechos humanos?

Entre otras vías, a través de los llamados manuales, directrices, principios básicos, códigos de conducta y leyes modelos que se pretenden imponer a los países subdesarrollados a través de los programas de “cooperación” técnica.

La mayoría de estos materiales no son el resultado de la voluntad concertada de la comunidad internacional.

Muchos han sido redactados por Relatores Especiales y “expertos”, en su mayoría personas nacionales, residentes o educadas en la llamada cultura Occidental y que comulgan ideológicamente con los centros de poder del capital transnacional. Otros han sido elaborados, muchas veces por su propia iniciativa, por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos donde casi 2/3 de su personal procede y es pagado por contribuciones financieras voluntarias de un solo grupo político, ideológico, económico y militar: el de los países industrializados de Occidente.

Sr. Presidente:

Esto no es fruto de la imaginación, ni de una suposición. El Canciller de un pequeño país asiático denunció durante el segmento de dignatarios de esta Comisión cómo el Informe de la Alta Comisionada y su Oficina en ese país violaban, y excedían el mandato otorgado por la propia Comisión.

La Experta Independiente para Liberia, también señaló en el párrafo 39 de su informe (documento E/CN.4/2005/119) que la mayoría de los representantes del gobierno de ese país expresaron su preocupación porque la Misión de las Naciones Unidas para Liberia (UNMIL) ha establecido un gobierno “paralelo” que, contrario a las resoluciones de esta Comisión y de la Asamblea General, prácticamente no consulta con los interlocutores locales, no tolera que se critiquen o se cuestionen sus opiniones y su supuesta autoridad y sus responsables suelen tachar públicamente a sus críticos de “delincuentes” y “pillos”.

Estos problemas reseñados no son excepciones. Varios de los informes presentados bajo este tema de la agenda llevan como título informe del Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en uno u otro país, que no se corresponde , en varios casos, con la letra del mandato aprobado por consenso por esta Comisión y por el Consejo Económico y Social.

Varios de los informes presentados bajo este tema no son consistentes con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación e igual importancia de todos los derechos humanos.

Muchos omiten referirse a los derechos económicos, sociales y culturales y al derecho al desarrollo. Otros hacen un inventario de calamidades en materia de estos derechos, pero no hacen referencia a sus causas estructurales que son el colonialismo y la esclavitud a que fueron sometidos por siglos esos pueblos, ni al injusto y desigual orden internacional neoliberal actual, que solo beneficia a los países ricos.

Todos hacen recomendaciones en materia de derechos civiles y políticos y llamados a las autoridades nacionales en esta esfera, pero prácticamente ninguno hace un llamado a los países desarrollados que son los verdaderos responsables del subdesarrollo y la pobreza y los únicos que pueden cambiar las reglas internacionales del comercio, las finanzas y la transferencia de tecnología, condición imprescindible para superar los problemas que padecen esos países.

Sr. Presidente:

Los programas de asesoramiento y de cooperación técnica enfrentan el grave desafío de sucumbir a su virtual privatización y manipulación política o de hacer realidad los principios consensuados de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación e igual consideración de todos los derechos humanos y tomando debidamente en cuenta, de manera efectiva, las particularidades nacionales y regionales y los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, así como los diferentes sistemas jurídicos.

La fijación de los objetivos y de los resultados esperados de los programas de servicios de asesoramiento, la cooperación técnica y las actividades en el terreno en materia de derechos humanos son de competencia, exclusiva e intransferible, de los órganos intergubernamentales y no de ninguna otra entidad o instancia de dentro o fuera de la Organización.

Como lo ha reafirmado reiteradamente la abrumadora mayoría de la comunidad internacional la cooperación internacional en la promoción y el aliento a los derechos humanos y en la solución de problemas internacionales humanitarios debe realizarse respetando los propósitos y principios de la Carta de la ONU y del derecho internacional como la soberanía y la independencia de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos. No puede haber cooperación, como pretenden algunos, en contra o en detrimento de los pilares básicos sobre los que se erige esta Organización.

La cooperación no puede imponerse y mucho menos debe subordinarse, como pretenden la Secretaría y los países desarrollados,, a la materialización de las observaciones y recomendaciones, con frecuencia irrealistas, selectivas y politizadas, de los Relatores Especiales y de los órganos establecidos en virtud de los tratados de derechos humanos.

Las únicas obligaciones jurídicas de los Estados son las emanadas de las normas internacionales de derechos humanos de los cuales estos sean partes y no las interpretaciones arbitrarias unilaterales y caprichosas de expertos, relatores especiales o de funcionarios de la Secretaría.

Cesen todos los intentos de imponernos, como falsamente universales, los valores e institucionalidad jurídica de los países desarrollados, disfrazándolos como cooperación y asesoramiento.

Muchas gracias.

Subir

INTERVENCION DE MARIA DEL CARMEN HERRERA CASEIRO, MIEMBRO DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE CUBA

Tema 18: “Funcionamiento eficaz de los mecanismos de derechos humanos”

Ginebra, 13 de abril del 2005

Señor Presidente:

La universalidad de los derechos humanos solo puede ser reconocida y aplicada mediante el respeto a la diversidad de los sistemas políticos, económicos, filosóficos y jurídicos, y a la diferencia de patrimonios históricos, culturales y religiosos existentes. Esta diversidad tiene que ser tenida en cuenta y estar presente en cada una de las instancias de las Naciones Unidas vinculadas con la promoción y protección de los derechos humanos.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene un papel insustituible en el eficaz funcionamiento de todo el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo.

Le corresponde al personal de esta Oficina la elaboración de los más disímiles informes que solicita cada año esta Comisión, el apoyo al desempeño de los mandatos de los mecanismos y órganos de la Comisión de Derechos Humanos, la prestación de cooperación técnica y servicio de asesoramiento a los Estados que así lo soliciten y otras muchas tareas extremadamente importantes y delicadas.

No es por ello cuestión secundaria la preocupación acerca de la composición geográfica del personal de dicha Oficina, de su capacitación integral en todas las categorías de derechos humanos y de su neutralidad, integridad e independencia, tanto individual como colectiva.

Desde hace varios años, mediante sucesivas resoluciones adoptadas por esta Comisión, se ha solicitado el establecimiento de un balance geográfico en la composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; sin embargo el desequilibrio en lugar de corregirse, aumenta. El Grupo de Europa Occidental y otros Estados, no sólo continúa teniendo más personal asignado que el resto del mundo en su conjunto, sino que la desproporción tiende a crecer. Tal situación impide la plena comprensión de la diversidad de culturas, ideologías, civilizaciones, religiones, sistemas jurídicos, políticos y filosóficos, elemento que resulta imprescindible para el cumplimiento objetivo e imparcial de las responsabilidades que le han sido asignadas.

Sr. Presidente:

En el sistema de procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos también está presente el desequilibrio en la representación geográfica, siempre en detrimento de los países en desarrollo. A ello se suma la manipulación política de que son objeto estos mecanismos por parte de los países industrializados, y la falta de objetividad, la selectividad y los enfoques parcializados que en muchos casos permean sus trabajos.

En este contexto, constituye un motivo de preocupación los intentos de mezclar el trabajo y las funciones de los diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, especialmente el de los Órganos de Tratado y los procedimientos especiales de la CDH. Ambos son mecanismos de naturaleza diferente, con mandatos y particularidades distintos. Por otra parte, la vinculación entre ambas instituciones entraña el riesgo de “contaminar” el trabajo de los Órganos de Tratado con la manipulación política que ya afecta la labor de los procedimientos especiales de la Comisión.

Otro problema particularmente preocupante es el desequilibrio en la asignación de recursos y el apoyo de la Oficina a los diferentes mecanismos de la Comisión para el desempeño de sus mandatos. Resulta inaceptable privilegiar los procedimientos establecidos en la esfera de los derechos civiles y políticos y bajo el tema 9 de la agenda, en detrimento de aquellos creados en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta situación atenta contra la universalidad de todos los derechos humanos.

Sr. Presidente:

Cuba concede especial importancia al trabajo efectivo de los órganos de tratados. Estos, aunque no han estado totalmente exentos de politizaciones y selectividades, han sido hasta recientemente los mecanismos menos afectados por estas prácticas nocivas.

Sin embargo, los órganos de tratados vienen confrontando problemas, entre ellos, los crecientes atrasos tanto en la presentación de informes por los Estados Parte como en el examen de éstos por los órganos de tratados, lo que hace necesario una revisión con vista a asegurar su eficiencia y eficacia.

Cuba y otros países han propuesto varias alternativas dirigidas a tratar de resolver esta situación, tales como la armonización de la periodicidad para la presentación de informes de todos los tratados cada 4 ó 5 años; la práctica de la presentación de los informes atrasados en un solo informe consolidado, y que se fije la fecha de presentación del siguiente informe a partir de la fecha del examen del informe anterior, entre otras.

Por otra parte, aunque la letra de la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos se refieren a la cuestión de la representación geográfica equitativa de los miembros de los órganos de tratados, la sobre-representación prevaleciente de un solo grupo regional, el Grupo de Europa Occidental y otros Estados, en la membresía de la mayoría de esos órganos, es uno de los problemas más preocupantes.

En el 2001, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución 2001/76, el ECOSOC la decisión 2002/275 y la Asamblea General la resolución 56/146. Estas recomendaron a los Estados partes establecer sistemas flexibles de cuotas por regiones geográficas, equivalentes a la proporción de Estados partes por región, de forma tal que pudieran reajustarse periódicamente de manera automática, atendiendo al incremento de las ratificaciones. Sin embargo, tres años después, no se ha avanzado nada en esta materia.

Al no existir un sistema de cuotas para la distribución geográfica equitativa de la membresía, las elecciones de órganos de tratados de derechos humanos resultan especialmente difíciles para los candidatos de países en desarrollo, que deben competir en situación desfavorable.

Por solo citar un ejemplo, en el 2004, tuvieron lugar las elecciones al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Como resultado de éstas, se produjo la injusticia de que de 7 candidatas presentadas por Estados partes de África, ninguna resultó electa, mientras que de las 7 candidatas del Grupo de Europa Occidental y otros Estados, 5 fueron elegidas. Esto determinó, que los países subdesarrollados quedaran sub-representados en el Comité.

Sr. Presidente:

Sin una plena comprensión de la diversidad de culturas, ideologías, civilizaciones, religiones, sistemas jurídicos, políticos y filosóficos, es imposible que los diferentes mecanismos, órganos de tratados, e incluso, la propia Oficina de la Alta Comisionada, puedan cumplir de forma objetiva e imparcial las responsabilidades que la comunidad internacional les ha asignado. La composición geográfica y de género es una precondición para el respeto de la pluralidad y un elemento imprescindible para hacer efectiva la universalidad de todos los derechos humanos.

Muchas gracias.

Subir

INTERVENCION DE RODOLFO REYES RODRÍGUEZ, REPRESENTANTE ALTERNO DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA

Tema 17: Promoción y protección de los derechos humanos.

Ginebra, abril de 2005

Señor Presidente:

El tema que nos ocupa, permite el debate y la adopción de un número significativo de las iniciativas que aprueba anualmente la Comisión. Sin embargo, sería deshonesto expresar que su tratamiento haya permitido el cumplimiento del objetivo que determinó su inclusión en el programa: la necesidad de promover y proteger los derechos humanos, mediante una cooperación internacional genuina y transparente, que respete los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y promueva el diálogo respetuoso.

¿A quién vamos a engañar? Los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad, son para una buena parte de los países del Norte industrializado, simples y falsos slogans de una retórica producida para satisfacer los requerimientos de su consumo político doméstico y sobretodo, para enmascarar sus esquemas de dominación internacional.

Con el accionar de la superpotencia hegemónica -- a la que nada interesa la credibilidad de esta instancia y mucho menos su capacidad como foro parlamentario y de promoción de consensos justos y verdaderamente universales --, somos testigos de la irremediable destrucción de la Comisión de Derechos Humanos como escenario de cooperación y diálogo.

El tema 9 de la Agenda, garantiza la continuidad de maniobras motivadas en espurios intereses de dominación geopolítica. Estas permiten a la superpotencia imperialista y a los llamados aliados que se les subordinan, convertir esta instancia en una especie de tribunal inquisidor, que garantiza la “condena preventiva” de aquellos que luego, también “preventivamente”, serán enfrentados al terror de las bombas, unas bombas que al final, han demostrado no ser tan inteligentes, ni lo suficientemente efectivas para derrotar la resistencia de los pueblos agredidos.

Nuevas propuestas de reformas llegan hoy, para asegurar el control de esta Comisión a la superpotencia. Imposibilitada de asegurarse un liderazgo en nuestros trabajos – a partir de su débil credencial ética y el rechazo que genera su agresiva conducta imperial –, Washington empuja ahora por un nuevo formato para este Órgano, el que requiere su “Proyecto para un Nuevo Siglo Americano”.

Cuando una mayoría había clamado por la universalización de la membresía de esta Comisión – a partir de la necesidad de ampliar la participación de todos los Estados en sus procesos de toma de decisiones –, se sugiere ahora nada menos que la restricción en su composición y la elección de sus futuros miembros por una mayoría de dos tercios. Con una Comisión más pequeña, se disminuye el número de gobiernos sobre los que las autoridades estadounidenses deben ejercer presiones para imponer sus intereses. Con un tercio de los votos – una cifra que la superpotencia podría alcanzar fácilmente sólo con el apoyo de sus aliados occidentales y algún que otro gobierno que se le subordine –, Washington se aseguraría un poder real de veto con relación a los candidatos que aspiren a integrar la Comisión.

Por otra parte, sustrayendo la Comisión del ámbito de actividad del Consejo Económico y Social, los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo serían definitivamente condenados al más abyecto ostracismo. Serían los pueblos en desarrollo – los más afectados por la pobreza, el analfabetismo y el hambre –, los principales perdedores en el proceso. Además de su miseria, tendrían que sufrir adicionalmente la amenaza de agresión militar o sanciones – extendida entonces con carácter permanente –, en nombre de las libertades y la democracia que requiere el “Nuevo Siglo Americano”.

Lejos de resolver la causa esencial del descrédito de esta Comisión – la conducta imperial de Estados Unidos y sus aliados cercanos –, se le convertiría en fenómeno crónico y estructural, al eliminar los pocos escollos que impiden hoy que la superpotencia pueda disponer plenamente de este Órgano en su proyecto de dominación hegemónico.

Señor Presidente:

Al tema de los defensores de los derechos humanos Cuba concede la mayor importancia. Nadie merece mayor respeto, apoyo y protección, que aquel que dedica y arriesga incluso su vida, para crear un mundo mejor, en el que la justicia social, la paz, la democracia, la plena realización de todos los derechos humanos y el desarrollo sean realidades de alcance universal.

Sin embargo, tampoco escapa este tópico a la manipulación de la superpotencia imperialista y de sus transnacionales de la desinformación. Ellos tratan de arropar con el disfraz de “defensores” de los derechos humanos y la democracia, a los asalariados y mercenarios que utilizan para socavar el derecho de libre determinación y destruir el orden constitucional que se han dado pueblos del Sur, a los responsables y victimarios en guerras de conquista y a los burócratas y tecnócratas que dilapidan millones de dólares para teorizar de manera cómplice acerca de las “bondades” del injusto orden económico y político internacional vigente, que tan útil está resultando para el éxito de sus planes de dominación global.

Los que se manifiestan en las calles contra las criminales consecuencias de la globalización neoliberal en curso son tildados por ellos como “extremistas”, los que resisten la ocupación extranjera reciben el calificativo de “terroristas” o simplemente “enemigos de la democracia y la libertad”.

El fundamentalismo más peligroso y agresivo que existe en la actualidad, es el que propugnan los grupos neofascistas y militaristas que se han hecho con el control del gobierno en los Estados Unidos. Ellos se han arrogado el papel mesiánico de imponer al mundo, por la fuerza de las armas – no podrían soportar la batalla en el plano de las ideas –, su tiranía política, económica y militar.

Señor Presidente:

La Carta Internacional de Derechos Humanos consagra el vínculo indisoluble entre los derechos humanos y las responsabilidades de la persona. En su artículo 29, la Declaración Universal establece que toda persona tiene deberes con la comunidad, en la que desarrolla libre y plenamente su personalidad.

Temores infundados en algunos, y particularmente, la acción de los que disfrutan del poder y la riqueza para impedir el desarrollo de fundamentos de derecho a la solidaridad y fraternidad necesaria para la plena realización de todos los derechos humanos para todos, impidieron durante años el debate, análisis y elaboración de instrumentos o estándares internacionales que abrieran el camino al desarrollo progresivo de la concepción de las responsabilidades de la persona.

Un hito en este tema, quedó marcado con la redacción, presentación y ulterior consulta a los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales del proyecto de Declaración sobre las responsabilidades sociales de la persona, como resultado del encomiable esfuerzo cumplido por el experto cubano, Profesor Miguel Alfonso Martínez.

Han sido numerosos los fantasmas y temores fabricados por unos pocos fundamentalistas occidentales con relación a este excelente proyecto. Intentan pasar de contrabando la falsa hipótesis, de que tal proyecto fomentaría la subordinación del disfrute individual de derechos a un cumplimiento previo de determinadas obligaciones. Nade más alejado de la realidad.

El texto del proyecto de Declaración en cuestión, consagra la perfecta armonía, compatibilidad y complementariedad entre derechos y deberes de la persona, que inspiró a los fundadores del actual sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos, en los años que siguieron al triunfo sobre el fascismo. El proyecto no establece condicionamiento o prerrequisito alguno al disfrute de los derechos de cada ser humano, por el contrario, estimula el respeto a las condiciones y valores imprescindibles para que todos puedan ejercerlo sin discriminación.

Cuba exhorta al profesor Alfonso Martínez a continuar mejorando su proyecto, a partir de las sugerencias, contribuciones e incluso, las preocupaciones, que ha venido recibiendo de gobiernos y otros actores y expresa su total apoyo a tan trascendental empeño.

Señor Presidente:

Cuba presentará en el tema 17 del programa, cuatro proyectos de resolución, que se dirigen a reivindicar el orden internacional que proclamaba el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como imprescindible, para que todos los derechos humanos puedan ser una realidad para todos. Esas iniciativas son:

- Promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

- La promoción de la paz como requisito fundamental para el pleno disfrute de todos los derechos humanos para todos.

- Derechos humanos y solidaridad internacional.

Como sus nombres lo indican, esos proyectos exigen lo que se ha mantenido hasta hoy como una quimera inalcanzable. Sin embargo, somos de los que están convencidos que la humanidad no tiene una vocación autodestructiva y que unidos, podremos superar todos los obstáculos que existan y puedan plantearse en el futuro. Somos de los convencidos y engrosamos las filas de los que luchan, por un mundo mejor y más humano.

Muchas gracias

Subir

INTERVENCION DE CLAUDIA PÉREZ ALVAREZ, MIEMBRO DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE CUBA

Tema 16: Informe de la Subcomisión sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos

Ginebra, abril de 2005

Sr. Presidente:

Permítame, ante todo, felicitar al Sr. Sori Sorabjee, Presidente del 56º periodo de sesiones de la Subcomisión, por el detallado y enjundioso informe que nos ha presentado en el día de hoy sobre los resultados del trabajo de la Subcomisión duran te su mandato. Por otra parte, vale destacar que en el documento (E/CN.4/2005/2) que contiene el informe que, a su vez, nos rinde este año esa propia instancia –única que el Consejo Económico y Social nos ha permitido conservar como entidad subordinada-- pueden apreciarse muchos de los elementos que hacen de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos un elemento indispensable para el trabajo de nuestra Comisión.

Sr. Presidente:

Hace apenas cinco años, durante su 56º periodo de sesiones en el año 2000, esta Comisión culminó la más amplia evaluación que se ha realizado hasta el presente respecto del funcionamiento de todos y cada uno de los mecanismos con que contamos en ella para ejercer las funciones que le ha asignado el Consejo desde su establecimiento en 1946, incluyendo, por supuesto, a la Subcomisión. Tras dos años de intenso trabajo y complicadas negociaciones, aquel ejercicio evaluatorio culminó con un consenso muy delicado, basado en un equilibrado balance entre posiciones encontradas acerca de, entre otras cosas, el papel que cada uno de esos mecanismos debía jugar en el marco de esta Comisión. Dicho consenso quedó recogido en la decisión 2000/109, adoptada por esta Comisión el 26/abril de dicho año. Lo precario del mismo fue visible en la insistencia de la Presidenta irlandesa de la Comisión, al subrayar repetidamente la necesidad de “aprobar y poner en práctica de manera amplia y en su totalidad” el acuerdo logrado respecto de cada uno de nuestros mecanismos operativos.

Vale subrayar que en aquella ocasión, la Subcomisión fue objeto de una profunda revisión tanto en cuanto al contenido de sus funciones, como en lo relativo a los medios con los que contaba para llevarlas a cabo. En realidad, puede decirse que la Subcomisión fue “refundada” en aquella ocasión, a pesar de que fueron rechazadas ya por entonces algunas de los mas radicales iniciativas que contra ella se avanzaron con el visible propósito de hacerla desaparecer o de dejarla prácticamente sin funciones de alguna importancia. Baste señalar que no solo se eliminó a sus sesiones plenarias de la participación en el procedimiento confidencial establecido en la resolución 1503 del ECOSOC, sino que, además se completó el proceso (ya en marcha desde algún tiempo atrás) encaminado a sustraerla de toda capacidad de tomar decisiones acerca de situaciones de derechos humanos en países específicos. Y, además, se le amputó el 25% del tiempo real con que contaba para desarrollar sus tareas anuales, al concedérsele solo 3 semanas (y no 4 como hasta entonces) a su período anual de sesiones.

Hay que reconocer que la Subcomisión no solo aceptó –es verdad que con algunos de sus miembros expresando fuertes reticencias por tal medida— y puso en práctica, de inmediato, esa importante disminución en sus actividades, sino que ha trabajado desde entonces con la mayor efectividad y productividad que le permiten sus ya disminuidos recursos. Prueba de ello es que esta Comisión en sus resoluciones adoptadas sobre este tema a partir de esa profunda reforma del año 2000, se ha visto precisada a reconocer la valiosa contribución de la Subcomisión a los trabajos de NN.UU. en la esfera de los derechos humanos durante mas de medio siglo, y el importante papel que la misma y sus mecanismos temáticos han jugado en desarrollar una mejor comprensión internacional de esta crucial temática.

A pesar de lo anterior, un grupo de Estados --encabezados por EE.UU. y la Unión Europea— han continuado año tras año sus esfuerzos por liquidar el consenso del año 2000 e imponer a la Comisión ideas y formulaciones sobre la Subcomisión que fueron mayoritariamente rechazadas en aquella ocasión.

Esos Estados –muchos de ellos miembros también de la OTAN y con un imborrable pasado colonial—no le perdonan aún a la Subcomisión, i.a., ni su decisión 1999/2 (por la cual ésta calificó como una violación del derecho internacional la así llamada “intervención humanitaria” que sirvió de excusa para la agresión militar a Serbia/Montenegro), ni su capacidad creciente de percibir las violaciones flagrantes de los derechos humanos que ocurren a diario en los países desarrollados, ni la aprobación en 1993 del proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ni --por supuesto—su capacidad de ejercer la iniciativa propia que, en lo que hace a la selección de las temáticas para sus posibles Estudios, aún le permite su condición de instancia subsidiaria de la Comisión.

Por demás, esos propios Estados han continuado intentando limitar la capacidad soberana que tienen todos los Estados Miembros de presentar a esta Comisión como candidatos a la Subcomisión a aquellos que entre sus nacionales se consideren como mejor calificados para integrar esa instancia; en particular, al establecer límites al tiempo en que los expertos electos pueden permanecer como miembros de ella y ciertas otras condiciones para poder ser electos como tales por esta Comisión.

Sr. Presidente;

Mi Delegación deja hoy en esta Sala expresa constancia, primero, de su apoyo decidido a la continuidad de la existencia de la Subcomisión como instancia subsidiaria de esta Comisión, con el mandato resultante de lo consensuado mediante su decisión 2000/109; segundo: su total rechazo a cualquier intento que expresa o tácitamente implique alguna limitación a la facultad soberana de todo Estados Miembro de designar como candidato(@) a cualquiera de sus nacionales que a, su criterio (no al de algunos otros Estados), ofrezca las condiciones técnicas y éticas idóneas para tal desempeño; tercero: su total rechazo a imponer limitaciones al tiempo en que un Experto (Titular o Suplente) puede continuar siendo miembro de esa instancia, y cuarto: su mas absoluto rechazo a imponer selectivamente a la Subcomisión restricciones no previstas en la decisión 2000/109; en particular las que intenten fundarse en una falsa comparación entre entidades que cuentan con varias instancias| dependientes, e integradas por miembros ELECTOS, con otras que no tienen instancias subordinadas y/o deben su existencia y su mandato a una DESIGNACION (y no a una elección).

Muchas gracias.

Subir

Intervención de Juan Antonio Fernández Palacios Representante de la Republica de Cuba.
Ginebra, 14 abril de 2005

Señor Presidente:

Si esta no fuera la Comisión de la mentira y la hipocresía, nos resultaría difícil creer lo que está ocurriendo hoy. Estados Unidos, el mayor y más contumaz violador de los derechos humanos en el mundo, nos acaba de presentar un ridículo papel que, aunque nada dice, permite, simplemente por su título, “Situación de los derechos humanos en Cuba”, singularizar injusta y discriminatoriamente a mi país.

En la farsa de Ginebra parece que todo es posible. Hay, sin embargo, un hecho cierto. El Imperio ha tenido que quitarse de una vez por todas la máscara. Ya no pudo encontrar a un lacayo de turno que le hiciera el trabajo sucio. Su desprestigio es tan mayúsculo, su falta de credenciales éticas es tan manifiesta, y su orfandad de argumentos es tan clara, que han tenido que asumir con mano propia este bochornoso ejercicio.

Aún así, ya han pasado los tiempos en que podían endosar en sus textos anticubanos cuanta mentira se fabricaba en Washington y Miami. Una tras otras sus mentiras han ido a parar al vertedero de la historia. Se estrellaron siempre contra al acero de nuestra resistencia, contra nuestra voluntad indoblegable de luchar y vencer.

Hoy nos apena el triste papel de sus cómplices. La Unión Europea, claudicante y servil, no puede articular una política independiente de su poderoso y temido aliado; además, ahora suma entre sus filas a los otrora países socialistas, que pasaron de una órbita satelital al satelitalismo global y que, como caballos de Troya, actúan dentro de la llamada Unión al servicio de la gran potencia.

Señor Presidente:

Mientras la credibilidad y el prestigio de esta Comisión son cada día más cuestionados, mientras la politización, la selectividad y los dobles raseros la desacreditan cada día más, fuera de esta sala los pueblos del mundo y lo mejor de la intelectualidad mundial levantan su voz para defender a Cuba, para alertar sobre los planes del Imperio y denunciar sus atroces crímenes. Esos son los que cuentan, porque luchan por un mundo mejor.

En el manifiesto “Detengamos una nueva maniobra contra Cuba” más de cuatro mil firmas de todas partes del mundo avalan el llamado de artistas, maestros, escritores, periodistas, activistas sociales y defensores de los derechos humanos, incluidos seis Premios Nobel. Los firmantes solicitan a los Gobiernos de los países aquí representados “que no permitan que la Comisión sea utilizada para legitimar la agresividad anticubana de la administración Bush, en momentos en que la actual política belicista de Washington hace previsible una eventual escalada de muy graves consecuencias”.

Ellos representan la voz de ese mundo posible por el cual luchamos. Ellos nos dan nuevas fuerzas en nuestros empeños, porque demuestran que no estamos solos, que suman millones los que nos apoyan y se apoyan también en nuestra resistencia, y ven en Cuba un ejemplo de dignidad e hidalguía, porque jamás hemos renunciado a nuestros principios, porque jamás hemos traicionado al amigo y porque creemos firmemente, como nos enseñó José Martí, el Apóstol de nuestra independencia, que “Patria es Humanidad”.

Señor Presidente:

Todos aquí sabemos que en esta Comisión se intenta estigmatizar a Cuba por su irreductible rebeldía contra el injusto orden mundial imperialista, por la defensa inclaudicable de nuestra independencia y soberanía, y por la decisión de construir nuestro propio camino sin aceptar injerencias externas.

Es por el ejemplo que resulta de nuestra democracia verdaderamente participativa y popular; es por el ejemplo de nuestras conquistas y por nuestros índices de educación, salud, pleno empleo y justicia social para todos, a pesar del más cruel y prolongado bloqueo que ha debido sufrir pueblo alguno a lo largo de la historia. Es también por el ejemplo de brindar solidaridad, de compartir lo que tenemos con los que nada tienen en este mundo.

Son estas y no otras las razones que explican la enfermiza obsesión de sucesivas administraciones estadounidenses y sus protegidos grupos extremistas y terroristas de origen cubano en Miami. Durante ya más de 45 años, nuestra pequeña isla rebelde, se ha tenido que enfrentar a la más poderosa potencia de los tiempos modernos. El imperialismo norteamericano ha recurrido a todas sus armas contra la Revolución Cubana: invasiones mercenarias, terrorismo de Estado, guerra biológica y radiolectrónica, incontables planes de asesinato de sus principales líderes, fabricación de una quinta columna de asalariados a su servicio, y un bloqueo genocida que intenta rendirnos por hambre y enfermedades.

Cuba es, pues, un pequeño país al que se impone una guerra política, económica y mediática sin tregua alguna; es también una trinchera de las ideas y los sentimientos más justos y nobles. Es por eso que Estados Unidos trata de someternos y negarnos el derecho a ser libres.

Señor Presidente:

El gobierno de Estados Unidos no tiene la más mínima calificación moral para hablar sobre Cuba ni sobre ningún otro país en esta sala. Todos sabemos que es una camarilla fascista que aterroriza al mundo, que ha proclamado para sí el supuesto derecho de intervenir y librar la “guerra preventiva” en 60 o más países, de recurrir al asesinato de líderes extranjeros, de consumar la política de “cambio de régimen”, y de legalizar de facto la tortura contra los prisioneros,

¿Qué moral puede tener para condenar a Cuba el país que hoy recibe en su territorio a Luis Posada Carriles, que ha sido calificado en los propios Estados Unidos como el terrorista más peligroso del Hemisferio? ¿Cómo puede arrogarse el derecho de juzgar a Cuba el gobierno que no ha sido siquiera capaz de responderle a Cuba si ese connotado terrorista, que fuera detenido en Panamá por preparar un atentado contra la vida del Presidente de la República de Cuba y fraudulentamente indultado por la Entonces Presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, en agosto de 2004, se encuentra en territorio norteamericano? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos somete a las más crueles condiciones carcelarias, a cinco jóvenes cubanos, luchadores contra el terrorismo, mientras acoge y da abrigo a los más connotados terroristas, responsables de los más graves crímenes, como lo hizo antes con otros tres terroristas cómplices de Luis Posada Carriles? ¿Cómo es posible que los países de la culta Europa, que se consideran paradigma de la defensa de los derechos humanos, sean capaces de copatrocinar un engendro en el que ni ellos mismos creen, mientras no dicen una sola palabra sobre el refugio que el gobierno de Estados Unidos brinda al terrorista que ha asesinado a decenas de cubanos, arrancándoles su derecho humano primario y fundamental: el derecho a la vida? ¿No es esa la prueba más patente de doble moral de la que esta Comisión puede ser testigo?

Los círculos de poder en Estados Unidos han demostrado ser los peores violadores de los derechos humanos en todo el mundo, con su historial probado de guerras de agresión y conquista; con los bombardeos indiscriminados de sus “armas inteligentes” contra poblaciones civiles, escuelas y hospitales; con la aplicación abusiva de la pena de muerte; con sus cacerías de inmigrantes mexicanos y latinos en la frontera del Río Grande; con su racismo endémico y estructural que afecta a su propia población afroamericana e indígena, víctimas principales de su siniestro sistema penitenciario.

El gobierno de George W. Bush, que ha hecho de Guantánamo un centro internacional de torturas, de Abu Ghraib un infierno de crímenes y vejámenes, y de Faluya una ciudad arrasada en el corazón de la antigua civilización mesopotámica, no posee la más mínima autoridad para erigirse en implacable fiscal de terceros.

El Sr. Bush también tiene un plan para Cuba. Bien lo sabe el pueblo cubano. Se trata de un verdadero catálogo de cómo quitarle los derechos conquistados: la democracia verdadera, la libertad, la dignidad, la educación, la salud, la vivienda, las tierras y la seguridad social. Pero nosotros tenemos otro plan. Tenemos claro nuestro destino. Sabemos por qué luchamos y qué es lo que queremos: una patria libre e independiente, una sociedad cada vez más justa, culta y democrática, más socialista. Y como revolucionarios que somos, eternos inconformes con nuestra propia obra, seremos capaces de seguirla defendiendo y perfeccionando. Ya lo estamos haciendo.

Cuba no se cansará de luchar. No se rendirá. No hará jamás concesiones. No apagará nunca su voz, ni tan siquiera en esta Comisión de los poderosos, donde repugnan tanta hipocresía, miedos y complicidades. Estaremos siempre junto a los que no se resignan, a los que apuestan por el valor de las ideas y los principios, a los que no renuncian al sueño de conquistar toda la justicia para todos en un mundo mejor.

Muchas Gracias.

Subir

INTERVENCION DE JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PALACIOS REPRESENTANTE DE LA REPUBLICA DE CUBA

APUNTES PARA EL DEBATE INTERACTIVO DE CARACTER INFORMAL SOBRE EL TEMA DE LA REFORMA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS.

Ginebra, 12 abril del 2005

Señor Presidente:

El 14 de marzo de 2005, al inaugurarse el 61 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, dijimos:

“La Comisión de Derechos Humanos es un barco que se hunde. Naufraga por el peso de su falta creciente de credibilidad y prestigio. Se hunde como resultado de la manipulación política y el fardo de sus dobles raseros. Se va a pique jalonada por sus inconsistencias y la impunidad que en ella disfrutan unos pocos privilegiados, beneficiarios del irracional orden mundial que nos ha tocado vivir.”

En realidad llevamos casi 15 años denunciando este estado de cosas. Ya hoy nadie lo cuestiona.

Como suele casi siempre ocurrir, en tiempos de naufragio, se ha dado la voz de alarma para salvar el buque que se hunde. Las propuestas de cómo hacerlo no pasan de ser una simple y engañosa chapistería, que eluden el problema de fondo.

Veamos:

1. Crear un Consejo de Derechos Humanos, de composición más restringida, y con el voto de las dos terceras partes de la Asamblea General. Nos aleja del problema real. Busca excluir de este foro a aquellos que estamos en la primera línea del frente denunciando la hipocresía y dobles raseros de los poderosos. El problema no es cuántos ni quienes somos, sino cómo actuamos. Lo que tiene que cambiar es la actitud y el comportamiento del mundo rico y desarrollado. Ellos son los responsables del actual estado de cosas. Nuestra opción es la universalización, no la limitación excluyente que sólo beneficia a los poderosos.

2. Un Informe global sobre los derechos humanos en el mundo. Cabría preguntarse: ¿para qué serviría? ¿pondría fin a los dobles raseros y la selectividad? ¿qué parámetros evaluaría? ¿podría hacerlo una Oficina donde la inmensa mayoría de sus funcionarios pertenecen a un solo grupo ideológico y cultural?. Tenemos serias dudas acerca de su valor añadido.

Señor Presidente:

No nos dejemos confundir. No es que la Comisión de Derechos Humanos anda mal, que ciertamente lo está, sino que lo que está patas Regresar es el mundo. La CDH es el reflejo del mundo injusto y desigual en que vivimos.

Lo que hay que cambiar es el mundo.

Muchas Gracias.

Subir

Discurso de Jorge Ferrer Rodríguez, miembro de la delegación de la República de Cuba

Tema 14: Grupos e individuos específicos: los derechos humanos de los migrantes

Ginebra, Abril del 2005

Sr. Presidente:

Por 46 años las medidas agresivas y la manipulación política de la emigración cubana por parte de los gobiernos de los EE.UU. han sido una constante.

En ese país los migrantes irregulares de otras nacionalidades son discriminados y privados por nuevas leyes federales y estaduales de los derechos humanos a la educación, la salud y el empleo; son perseguidos, detenidos, deportados y hasta asesinados, en cantidades de cientos, por la patrulla fronteriza o por bandas racistas anti-inmigrantes.

En contraste, cualquier cubano que arribe a suelo estadounidense por cualquier medio, ya sea ilegal o violento, obtiene inmediatamente beneficios sociales y la residencia legal automática al año de su arribo, en virtud de la llamada Ley de Ajuste Cubano de 1966.

Esta ley ha servido de estímulo a la emigración ilegal, violenta e insegura, al secuestro terrorista de decenas de aviones y embarcaciones y al tráfico criminal e impune de migrantes y ha conducido a la muerte a cientos de cubanos.

EE.UU. continúa aplicando, en violación de los acuerdos migratorios bilaterales de 1994, la política de “pies secos o pies mojados”, para no repatriar a Cuba a ninguno de los migrantes ilegales que logran pisar el suelo de ese país y a muchos de los que son interceptados en alta mar.

Sr. Presidente:

A partir de julio pasado la actual Administración de los EE.UU. realizó un nuevo asalto sin precedentes, a los derechos humanos de los migrantes cubanos y de la familia cubana en general, que han sido convertidos, inescrupulosamente, en rehenes de la demencial agresividad contra Cuba.

La enfermiza obsesión de asfixiar la economía cubana no tiene límites, ni escrúpulos. En la política anticubana de la Administración Bush vale todo.

Ninguna comunidad de migrantes legales en EE.UU., ni en ninguna otra parte del mundo, es objeto de tan severas restricciones y de tan masivas violaciones de sus más elementales derechos.

Entre las medidas draconianas, aprobadas por el Presidente Bush y en efecto desde julio pasado contra los cubanos que residen en EE.UU. y sus familiares, destacan:

- Limitar las categorías de viajeros y los receptores de remesas monetarias y de paquetes de alimentos y medicinas.

- Reducir las visitas a Cuba de un viaje anual a uno cada tres años, sin concebir excepciones humanitarias en los casos de enfermedad grave o muerte.

- Prohibir, al regreso a los EE.UU., el ingreso de todo producto de origen cubano, aun cuando se trate de un regalo familiar.

- Prohibir el envío a Cuba de artículos de primera necesidad y de consumo como ropa y productos de higiene personal, entre otros.

Paralelamente, el gobierno de los EE.UU. también suspendió indefinidamente las rondas de conversaciones migratorias bilaterales y redujo arbitrariamente en más de un 80 %, en comparación con el año 2000, el número de visas a cubanos para visitas familiares temporales a ese país.

Sr. Presidente:

EE.UU., el autotitulado campeón de los derechos humanos socava, una vez más, derechos humanos básicos consagrados tanto en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, como en ambos Pactos Internacionales y en numerosas resoluciones de la Asamblea General y de esta propia Comisión.

¿De qué Estado de derecho puede hablar el Gobierno de los EE.UU. que aplica restricciones de viajes contrarias a su propia Constitución y a una ley aprobada en el año 2000, que codificó todas las regulaciones sobre las visitas a Cuba y privó al Presidente de la capacidad de modificar tales regulaciones?

¿Qué clase de democracia es esa en la que el gobierno de EE.UU. aprueba medidas en contra de las decisiones del Congreso federal que ha aprobado sucesivos proyectos de leyes, dirigidos a levantar las restricciones a los viajes a Cuba ?

¿De que libre flujo de ideas puede hablar el gobierno que limita severamente el contacto directo y los intercambios académicos, educacionales, deportivos y culturales entre las personas que viven en los EE.UU. y el pueblo cubano?

EE.UU. se sitúa, nuevamente, al margen del derecho internacional, de su propia Constitución y sus leyes, del sentir mayoritario de la opinión pública interna, de su propio Congreso y de la comunidad internacional.

La mayoría de la comunidad emigrada cubana en los EE.UU., que está en contra del bloqueo genocida y a favor de la normalización de las relaciones con sus familiares y con su Patria, silenciada por años por el poder, las amenazas, y el terror de los que en Miami han querido imponer un pensamiento único, ha dicho basta. Se ha echado a las calles de Miami, en cantidades de cientos, para protestar por esta nueva embestida. Por primera vez, se han hecho escuchar en esta Comisión voces genuinas de personas honestas de Miami reclamando sus derechos, – no los que vienen pagados y se colocan al servicio del Imperio cada año aquí.

Con la suspensión indefinida por el Gobierno de los EE.UU. de las conversaciones migratorias, la reducción de los viajes de cubanos en ambas direcciones y el endurecimiento del más prolongado bloqueo de la historia, los halcones dentro del gobierno del Presidente Bush, con la complicidad de la mafia terrorista de Miami apuestan a fabricar artificialmente una crisis migratoria y, con ello, a facilitar el pretexto para una eventual agresión militar a la Isla, opción que nunca ha sido descartada por la actual Administración.

El gobierno de los EE.UU. y su parásita mafia anticubana de Miami, compuesta por terroristas, corruptos y anexionistas, no han aprendido las lecciones de la historia. Se equivocan nuevamente.

Nada, ni nadie ha impedido, ni impedirá la irreversible recuperación de la economía cubana, el avance de los nuevos los programas sociales de la Revolución, ni el proceso continuo, irreversible y permanente de normalización paulatina de las relaciones de Cuba con su emigración.

Muchas gracias.

Subir

Discurso de Oscar León González, Miembro de la Delegación de la República de Cuba

Tema 13: Los derechos del niño

Ginebra, abril de 2005

Sr. Presidente:

Cuba reconoce la labor que realizan varias agencias y mecanismos especializados del sistema de las Naciones Unidas a favor de la defensa de los derechos del niño, y les exhorta a que continúen con ese trabajo, de consuno con los Gobiernos nacionales.

Somos conscientes, sin embargo, que los problemas que afectan los derechos del niño no tendrán solución definitiva si no se atienden las raíces de las causas que le dan origen, las cuales, en esencia, son resultado del injusto orden internacional en que vivimos, donde las diferencias entre ricos y pobres se agrandan cada día.

Las dificultades que los niños y niñas enfrentan para el pleno goce de sus derechos no se limitan a los tópicos que discutimos hoy, en esta Comisión, bajo el tema 13. Por el contrario, ellos son sólo una pequeña parte de la pandemia que afecta a la inmensa mayoría de la infancia mundial. La pobreza, la falta de alimentación y de salud, entre otros males, matan a millones de niños y niñas.

Basta repasar algunas de las cifras que instituciones como el UNICEF proporcionan cada año: Por ejemplo, más de 1000 millones de niños y niñas- más de la mitad de toda la población infantil de los países en desarrollo- sufren por lo menos una forma de privación grave.

Alrededor de 400 millones de niños y niñas- un promedio de uno de cada cinco en los países en desarrollo- carecen de acceso al agua potable. Más de un 16% de los menores de cinco años de los países en desarrollo sufren desnutrición grave. Alrededor de 270 millones de niños y niñas, o poco más de un 14% de toda la población infantil de los países en desarrollo, no tiene acceso a los servicios de salud. Más de 640 millones de niños y niñas de los países en desarrollo sufren una privación grave de la vivienda. Más de 140 millones de niños y niñas de los países en desarrollo- un 13% de aquellos que tienen de 7 a 18 años- no han acudido nunca a la escuela.

Sr. Presidente:

Mientras la erradicación de la pobreza mundial y las metas de desarrollo no se están cumpliendo debido a la caída de los fondos, el aumento del gasto militar mundial supera la astronómica cifra de 950 000 millones de dólares. Estados Unidos de América representa hoy alrededor de la mitad de ese gasto militar mundial, lo cual implica que gasta casi tanto como el resto del mundo.

A fin de alcanzar las metas de educación, salud, abastecimiento de agua y saneamiento establecidas como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los países en desarrollo- según un informe del UNICEF- necesitan recursos externos adicionales de aproximadamente 50 000 millones de dólares, o sea un 5,3% del mencionado gasto militar mundial. Asimismo, el costo total adicional para conseguir que todos los niños y niñas del mundo reciban educación básica de calidad hacia el año 2015 se cifra entre los 9.000 y los 15.000 millones de dólares, o sea entre 0,9-1,6% del gasto militar mundial.
La Comisión de Derechos Humanos no puede hacer caso omiso de esas injusticias, tiene que enfrentarlas con decisión y de manera radical si quiere verdaderamente proteger los derechos humanos de los niños. Los colosales recursos con que la humanidad dispone no deben ser empleados en la producción de bombas, tanques, aviones que matan a civiles inocentes, entre ellos a muchos niños.

Sr. Presidente:
En Cuba, el Estado protege los derechos de la infancia mediante la Constitución de la República a través de los diferentes Códigos, Leyes y Decretos Leyes que de ella emanan. A esto se suma un gran número de programas socio-económicos para potenciar el desarrollo de los niños y niñas. Tales esfuerzos, sin embargo, no han estado exentos de obstáculos, impuestos fundamentalmente por la política hostil y agresiva que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha aplicado contra Cuba en más de 45 años, y cuya larga lista incluye también actos de terrorismo.
5 jóvenes cubanos permanecen injustamente encarcelados en prisiones estadounidenses por tratar de evitar tales agresiones. Contra ellos ha habido un ensañamiento particular por parte de sus carceleros, llegándose al extremo de impedirles el contacto con sus familiares, incluidos hijos e hijas menores.
El Gobierno de los Estados Unidos de América aplica un bloqueo económico y financiero contra la nación cubana, por más de cuatro décadas, cuyos efectos, en mayor medida, recaen sobre los niños y niñas cubanos, quienes sufren sus consecuencias tan sólo por haber nacido en Cuba. El régimen del Sr. George W. Bush ha fortalecido el bloqueo, su Administración promulgó nuevas medidas en mayo del 2004, a pesar del reclamo casi unánime de la comunidad internacional por que se elimine. 179 países, reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2004, votaron a favor de una resolución que pide el cese del bloqueo. Fue la décimo tercera ocasión consecutiva en que la comunidad internacional hizo tal reclamo en el marco de ese foro internacional.
Sr. Presidente:
Cuba continuará denunciando las injusticias que impiden a los niños y niñas del mundo disfrutar sus derechos, y desde su experiencia nacional y con sus modestas posibilidades seguirá contribuyendo con el trabajo global por la defensa de esos derechos.
Muchas gracias.

Subir

INTERVENCIÓN DEL PROFESOR MIGUEL ALFONSO MARTÍNEZ, MIEMBRO DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA

Tema 15: Las cuestiones indígenas

Ginebra, 11 de abril de 2005

Sr. Presidente:

Por diversas razones, mi Delegación considera conveniente pasar revista este año a la situación preocupante que, a su entender, se esta produciendo en el marco de las Naciones Unidas en lo que hace al tratamiento que se da a la situación que enfrentan, en el mundo de hoy, los pueblos indígenas.

Vale recordar que a partir de 1977, esta ciudad de Ginebra se convirtió en el centro focal de los esfuerzos de los pueblos indígenas por hacer que la opinión pública mundial tomase una mayor conciencia de la gravedad de su situación de aislamiento, alienación, discriminación y despojo de sus tierras y demás riquezas.

No pocos de los que estamos hoy presentes en esta Sala recordamos como en el verano de ese año convergieron aquí, en los terrenos de este propio Palacio de las Naciones, decenas de dirigentes y activistas indígenas procedentes, básicamente, de las Américas, del norte de Europa, de las islas del Pacífico y de ciertas áreas del sur de Asia, para reclamar del mundo no-indígena un lugar desde el cual elevar su voz de protesta pacifica --fundada en sólidas razones históricas-- en el marco de las relaciones internacionales.

La belleza, emotividad y dramatismo de aquel encuentro quedó plasmado en un extraordinario film documental que de tiempo en tiempo aun se exhibe n las pantallas de esta ciudad.

Contrariamente a lo que había sucedido decenios antes, cuando la Sociedad de Naciones se negó a prestar oído a similiar iniciativa indígena –fundada por aquella fechas en los famosos criterios que sobre la autodeterminación de los pueblos figuraban en los llamados “14 puntos” de Woodrow Wilson, a la sazón Presidente de EE.UU. —la cita ginebrina de 1977 tuvo efectos de suma importancia, en lo que hace a la presencia de las Naciones indígenas en el mundo de la diplomacia multilateral.

Cinco años después, en 1982, a iniciativas de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección a las Minorías de esta Comisión, surgiría la primera instancia onusiana dedicada exclusivamente al tratamiento de lo que se ha dado en denominar la “problemática” indígena. Con la creación de su Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, Ginebra, que desde tiempo atrás se había convertido en la sede de las instancias de ONU especializadas en materias de derechos humanos, abrió sus puertas en ese marco humanitario a las reivindicaciones ancestrales de los pueblos indígenas.

Paralelamente, una vigorosa red de solidaridad y apoyo logístico surgió y se desarrolló en torno a la obligada cita anual que para miles de participantes indígenas significaba el periodo de sesiones anual del Grupo de Trabajo.

Tras diez años de dedicada labor y la participación de centenares de personas en la elaboración de su contenido, el Grupo de Trabajo concluyó la redacción de lo que puede considerarse la mas importante contribución de la ONU para remediar el tratamiento discriminatorio y rapaz que durante mas de 5 siglos han sufrido las sociedades indígenas desde sus primeros encuentros con las culturas no-indígenas: el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Pueblos Indígenas”.

Este texto fue elevado a esta Comisión en 1994 y ha permanecido desde 1995 bajo estudio del Grupo de Trabajo que creamos entonces para darle formulación definitiva y ser enviado a la Asamblea General para su adopción definitiva. Es precisamente la situación que se confronta con este documento clave, la que constituye la base esencial de nuestras preocupaciones actuales.

El informe que nos rinde este año el Sr. Chávez, el Presidente-Relator de ese G. de T., (documento E/CN.4/2005/89) no da margen a otra cosa que no sea la frustración. Los 10 años transcurridos solo han servido para consensuar el texto de 2 artículos sustantivos de los 45 que contiene el Proyecto bajo estudio, y constatar el mayor o menor grado de desacuerdo existente sobre la casi totalidad del preámbulo y sobre los restantes 43 artículos del Proyecto. A pesar de algunos intentos por edulcorar tan raquítico balance, los hechos son obstinados, y nada permite suponer que el actual estancamiento podrá superarse en un futuro previsible; en particular, si continuamos trabajando con los métodos que hemos seguido hasta el momento.

Todo indica que diversos factores inciden en el deplorable estado actual de cosas en este asunto. En primer término, parece evidente que la falta de voluntad política de un pequeño número de delegaciones gubernamentales impide lograr formulas que permitan acuerdo consensuado en al menos dos materias esenciales para los pueblos indígenas, a saber, por una parte, el contenido práctico, concreto y actual del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en sociedades de tipo pluralista, y la manera de hacer efectivo ese fundamental derecho, así como, por otra, la forma de dar solución a los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ancestrales de esos pueblos, y el título jurídico que avala la posesión o propiedad de las mismas.

Por otra parte, el sistema de “facilitadores” establecido para el estudio conjunto de un grupo de artículos o párrafos del preámbulo a todas luces no ha dado los resultados que al parecer se buscaban al introducir esta modalidad negociadora. Finalmente, se extiende la impresión de que sería útil propiciar un cambio en la dirección de los debates y en la metodología de la negociación emprendida por la actual Presidencia, que, al parecer, ha agotado ya su potencial de generar fórmulas capaces de lograr acuerdos consensuados entre las partes negociadoras.

La Comisión, evidentemente, se encuentra hoy en una encrucijada nada envidiable. Ha visto concluir ya el primer Decenio de los Pueblos Indígenas sin que se haya podido lograr el que se consideraba el objetivo tal vez de mayor importancia del Decenio, es decir la aprobación y promulgación por la Asamblea General del Proyecto de Declaración y ningún indicio se percibe hoy de que lo que no se ha logrado en 10 años de |trabajos se pueda lograr en un futuro a corto o medio plazo en un mundo tal como el que hoy se vive.

Sr. Presidente:

A pesar de su fundado pesimismo en cuanto a las posibilidades que tiene el actual Grupo de Trabajo de lograr aprobar un texto que ofrezca satisfacción a diversas aspiraciones entre las más relevantes de los pueblos indígenas, la Delegación de Cuba no se opondrá a una iniciativa tendiente a prorrogar por un corto periodo de tiempo (digamos, de 2 o 3 años) el mandato actual del Grupo. Le parece, sin embargo, que sería también útil (tal vez incluso necesario) propiciar también un periodo de “enfriamiento” de las tensiones que se han producido en las negociaciones más recientes, y que permita, asimismo, un espacio prudencial de tiempo (digamos de un año) para propiciar intercambios de opinión entre los negociadores acerca de la conveniencia de explorar, en el futuro, nuevas modalidades en este proceso negociador antes de recomenzar las labores del Grupo de Trabajo.

Sr. Presidente:

Otra cuestión que preocupa desde hace ya algún tiempo a Cuba son los intentos cada vez mas evidentes de algunos Estados no solo de ir eliminando paulatinamente el contenido de derechos humanos de la temática indígena, sino de mantener a las instancias que en ONU se ocupan de esa temática (e. g. al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y al Foro Permanente) en jaque constante ante la posibilidad de poner término a sus mandatos respectivos en alguna de las “revisiones” de funciones que tan en boga parecen estar en estos tiempos de “reformas” encaminadas a refundar Naciones Unidas y hacer de nuestra organización mundial un instrumento dócil de la política exterior de esos Estados.

Una de esas “revisiones”, es la programada para el año entrante por el ECOSOC en relación con las tareas del Foro Permanente, instancia en la cual --como es sabido-- la designación de los expertos indígenas que lo integran es facultad última ejercida por un representante gubernamental.

Contribuye a las preocupaciones de mi Delegación el hecho de que poco a poco se va despojando a Ginebra de las funciones que a partir de hace casi un cuarto de siglo ha tenido la Sede Europea de Naciones Unidas (y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a ella adscrita) respecto de la problemática indígena. en beneficio de Nueva York, ciudad en la que no se dispone de la red de apoyo logístico que ha existido en Ginebra durante mas de dos décadas.

A más de la instalación del Foro Permanente en la Sede neoyorkina, a iniciativa de ciertos países del Grupo Occidental, la Asamblea General acaba de designar al Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales como Coordinador del Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas y con ello, además, la gestión y operación del Fondo Voluntario que debe crear próximamente el Secretario General para financiar las actividades que se incluyan, en su momento, en el Programa de Acción del recién proclamado Segundo Decenio.

Lo anterior, a pesar de que tales responsabilidades se habían asignado durante el Primer Decenio a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos; cuya Oficina, hasta donde conoce mi Delegación, no hizo el menor esfuerzo encaminados a mantener tales responsabilidades en Ginebra, donde existen mucho mejores condiciones de operatividad en esta esfera que las que, a ojos vista, pueden encontrarse en Nueva York.

En consecuencia, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA), radicado en Nueva York, deberá crear una nueva infraestructura para desarrollar el trabajo cotidiano que generará el componente de derechos humanos de ese Programa de Acción, si esa dependencia no toma en cuenta y utiliza los recursos humanos y organizativos con que cuenta ya en Ginebra la Oficina de la Alta Comisionada, así como la valiosa experiencia práctica que en esta esfera ha acumulado de Unidad de Asuntos Indígenas y de Minorías de esa propia Oficina.
Sr. Presidente:

No quiero concluir esta intervención sin hacer mención de lo que resulta la preocupación de mayor entidad de mi Delegación. Las cuestiones indígenas llegaron formalmente en 1982 a las Naciones Unidas mediante decisiones en las que con la mayor claridad la Subcomisión, la Comisión y el Consejo se declararon prestos a contribuir a la liquidación de la discriminación sufrida secularmente por los pueblos indígenas, a promover y proteger sus derechos y libertades, incluyendo a sus derechos humanos, así como a elaborar los estándares e instrumentos jurídicos internacionales que se requiriesen para coronar con éxito los referidos propósitos.

Esa fue la intención con la que abordamos esta temática hace ya cerca |de un cuarto de siglo. Si bien es cierto que hemos avanzado en diversos aspectos –en particular en lo que hace al mucho mayor grado de concientización alcanzado por la opinión pública mundial y la comunidad internacional en su conjunto sobre la problemática de los pueblos indígenas-- hace unas pocas semanas el Relator especial de NN.UU. sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas nos expresaba los siguiente en el Resumen Ejecutivo de su mas reciente informe a la Comisión (E/CN.4/2005/88), y cito:

“Los pueblos indígenas se encuentran entre los grupos mas marginalizados
socialmente y mas desposeídos del mundo. Por regla general, son
víctimas de diversos tipos de discriminación, así como de la privación de
sus derechos básicos. Han sido despojados de sus tierras y recursos, de sus
idiomas, de sus culturas y de sus formas de gobierno, y con frecuencia se
les deniega el acceso a los servicios sociales básicos, como son la
educación, la salud, la vivienda, y la sanidad, así como a la alimentación,
al agua, a la sanidad, y a la vivienda.” (fin de cita)

Vale recordar, asimismo, que esta Comisión, en su resolución 2004/62 del 21 de abril de 2004 pasado manifestó su preocupación , entre otras cosas,, por la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y reafirmó la urgente necesidad de reconocer, promover y proteger con mayor efectividad su derechos y libertades.

Si tal es, sin dudas, la situación que siguen enfrentando por regla general esos pueblos hoy día, el propósito de la acción de NN.UU. en esta esfera no debe ni puede limitarse solamente a estudiar elementos conceptuales o genéricos de aspectos disgregados de su vida cotidiana, o a tratar de integrarlos dentro de parámetros de desarrollo que son rechazados prácticamente por la mayoría de esos pueblos como ajenos a sus idiosincrasias nacionales y a sus necesidades vitales.

Se trataría, obviamente, de mucho más (y distinto) que lo anterior., es decir, lo imperativo hoy es definir claramente los derechos de esos pueblos, reconocerlos debidamente en las legislaciones nacionales, propiciar su materialización efectiva y proteger el libre ejercicio de los mismos por sus titulares mediante mecanismos que aseguren a esos pueblos la plena y paritaria participación en los mecanismos de prevención y resolución de conflictos.

En otras palabras: si queremos que este Segundo Decenio que acaba de iniciarse traiga los beneficios que de él esperamos, valdría siempre recordar que en esta esfera de poco servirían los recursos de Nueva York sin el enfoque filosófico humanista y la experiencia práctica que en la materia puede brindar la Oficina del Alto Comisionado desde aquí, desde Ginebra!.

Muchas gracias

Subir

INTERVENCION DE MARIA DEL CARMEN HERRERA CASEIRO, MIEMBRO DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE CUBA

Tema 12 : Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género

Ginebra, abril del 2005

Sr. Presidente:

Este año, la comunidad internacional se dispone a llevar adelante un proceso de evaluación de los compromisos asumidos por los líderes mundiales hace 5 años en el marco de la llamada Cumbre del Milenio. Los objetivos y metas acordados en esa ocasión, no solo constituyeron un importante reconocimiento de los problemas más acuciantes que afectan al mundo, sino también la concreción de un plan de acción que, aunque modesto y limitado, podría convertirse en un primer paso significativo para tratar de revertir la dramática situación que afecta a millones de seres humanos en nuestro planeta.

Transcurridos 5 años de la adopción de la Declaración del Milenio, la situación no puede ser más desalentadora. No sólo no ha habido avances, sino que se han producido claros retrocesos.
Las mujeres, en particular aquellas que viven en el mundo pobre y subdesarrollado, han sido y siguen siendo las más afectadas. En estos países, a las duras condiciones impuestas por la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, los conflictos armados, la violencia y la discriminación, se unen el azote de la enorme carga de la deuda externa, el impacto de los programas de ajuste estructural de corte neoliberal y las repercusiones negativas del proceso de globalización, factores que conspiran contra cualquier esfuerzo nacional de los Estados del Sur para superar el subdesarrollo que les fue impuesto, y llevar adelante sus planes y programas en beneficio de la mujer.
De los casi 2000 millones de pobres que existen en el mundo, el 70% son mujeres. De los 876 millones de analfabetos en nuestro planeta dos terceras partes son mujeres. De los 40 millones de personas enfermas de SIDA más de la mitad son mujeres. Se trata, en definitiva, de una verdadera “feminización de la pobreza”, que trae aparejada inevitablemente la “feminización” del analfabetismo, de la enfermedades, de la exclusión social, y de muchos otros males derivados de la situación de subdesarrollo impuesta a los países del Sur.

Esta dramática situación que enfrentan los pueblos del Tercer Mundo contrasta con la opulencia de los países del Norte, donde, sin embargo, a pesar de su ostensible riqueza y desarrollo, se producen continuas violaciones de los derechos humanos de las mujeres, motivadas no solo por la discriminación y la falta de igualdad con respecto a los hombres, sino por el incremento alarmante de la violencia contra la mujer, las manifestaciones de racismo y xenofobia, y la discriminación y exclusión de las minorías, los migrantes y los indígenas, cuyas principales víctimas son las mujeres.

Sr. Presidente:
Cuba ha demostrado que una vida diferente en beneficio del ser humano es posible, y que en este marco se puede transformar radicalmente la situación de la mujer, y garantizar la realización plena de sus derechos.
En Cuba, las mujeres constituyen el 45% de la fuerza laboral. Representan el 66, 2% de todos los técnicos y profesionales de nivel medio y superior, el 72% de la fuerza laboral en el sector educacional, el 67% en el sector de la salud y el 51% de los trabajadores en el Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica. El grado de participación femenina en los cargos de dirección asciende al 35,4%, mientras que Cuba se encuentra entre los primeros 10 países en el mundo por el nivel de representación de mujeres en el Parlamento, con un 35,9% de presencia femenina en el máximo órgano legislativo del país.
Los avances logrados por nuestro país en materia de igualdad, adelanto, participación y desarrollo de la mujer, son verdaderamente encomiables, sobre todo si se tiene en cuenta que tales proezas se han alcanzado en medio de una brutal guerra económica impuesta por el gobierno de los EEUU con el fin de tratar de reinstaurar su dominación neocolonial sobre Cuba.

La firmeza del pueblo cubano y la probada voluntad política de su gobierno, que no ha escatimado esfuerzos, ni recursos humanos y materiales para lograr llevar adelante su proyecto social en beneficio de toda la población, han sido los ingredientes esenciales para el logro de estos resultados, y constituyen al propio tiempo las armas principales para enfrentar el criminal bloqueo económico, comercial y financiero aplicado desde hace más de 40 años por el gobierno de los EEUU contra Cuba, cuyas negativas consecuencias impactan con mayor fuerza sobre las mujeres y los niños cubanos.

Sr. Presidente:

Hace apenas unos pocos días esta Comisión escuchó los testimonios de Olga Salanueva y Adriana Pérez, esposas de René y Gerardo, respectivamente, dos de los cinco compatriotas que sufren cruel e injusta prisión en cárceles de los Estados Unidos. Ellas llegaron hasta aquí en nombre de los familiares de todos, de las madres, esposas e hijas, que sufren por el encarcelamiento arbitrario de sus seres queridos, y sobre quienes también se ha ensañado el Gobierno de Estados Unidos, dificultándoles, cuando no haciéndoles imposible visitarlos en prisión.

Por ello, una vez más, Cuba viene a denunciar en este foro la situación a la que están sometidas estas mujeres cubanas

Una vez más, Cuba viene a reclamar que se ponga fin a la violación de los derechos de estas mujeres y a la violencia psicológica que se aplica contra ellas.

Una vez más, Cuba exhorta a los mecanismos de esta Comisión, particularmente a la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, a que contribuya, en el marco de su mandato, al cese de estas violaciones.

Una vez más, Cuba exige que se haga justicia.

Muchas gracias.

Subir

INTERVENCION DE RODOLFO REYES RODRÍGUEZ, REPRESENTANTE ALTERNO DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE CUBA

Tema 11: “ Derechos Civiles y Políticos”

Ginebra, 31 de marzo de 2005

Señor Presidente:

Hoy se promueve con total cinismo y desenfreno desde Washington, un programa de dominación global conocido como “Proyecto para un Nuevo Siglo Americano”. Sus ideólogos y patrocinadores, han sido designados en puestos claves de la política exterior de la superpotencia.

Lo cierto es que un proyecto de esa naturaleza no es nuevo, ni plantea cambios en los objetivos y normas de conducta de la elite que ejerce el poder en Estados Unidos. La historia de la última centuria, ha sido en lo fundamental la del surgimiento, consolidación y hegemonía del Imperialismo estadounidense.

Pocos pueblos como el cubano, se han visto enfrentados de manera tan directa a la agresividad con que se manifiestan las apetencias de dominación del Imperio más poderoso que haya existido jamás. La independencia de Cuba, tras 30 años de lucha frente al colonialismo español, quedó truncada por una intervención militar norteamericana, que liquidó las instituciones democráticas y de poder establecidas por la República en Armas. Una república neocolonial, concebida y facturada en Washington, fue impuesta a la nación cubana sometida adicionalmente al “derecho” del Gobierno norteamericano - varias veces ejercitado - de intervenir militarmente en la Isla y de establecer bases militares en su territorio, como la tristemente célebre base naval de Guantánamo.

Pocos gobiernos como el de Estados Unidos, han hecho tanto contra la libertad y la democracia alegando su defensa y promoción. Los ideales democráticos que inspiraron a los padres de la independencia de las Trece Colonias, fueron secuestrados y han venido siendo manipulados como instrumentos de la expansión de su dominación, por la elite plutocrática que se hizo con el poder tras el inicio de la fase monopolista de su desarrollo.

Los personeros del capital – el único poder real en Estados Unidos –, auxilian su retórica demagógica y su labor de proselitismo ideológico, nada menos que en la supuesta promoción de los valores democráticos, con la pretensión real de imponer precisamente lo contrario – su tiranía y dominación hegemónica –, no sólo sobre el pueblo estadounidense, sino a toda la humanidad.

Tras una proclamación de independencia que no puso fin a la esclavitud de los afronorteamericanos, vinieron las guerras de expansión y exterminio que provocaron el genocidio de pueblos indígenas y el robo y anexión de más de la mitad del territorio del hermano pueblo mexicano. Luego correspondió el turno a la conquista de Cuba y Puerto Rico – este último pueblo latinoamericano, aún bajo control estadounidense.

Sucederían otros muchos capítulos de barbarie con la responsabilidad del régimen de partido único impuesto por la plutocracia dominante en los Estados Unidos. Todos aquellos que cuestionaran o simplemente se apartaran de las líneas de conducta decididas por el “establishment”, serían reprimidos, penetrados y neutralizados por sus servicios de inteligencia o simplemente eliminados. No escaparían incluso, presidentes con ideas renovadoras, que terminarían ellos mismos siendo víctimas de magnicidios, en acciones cuya responsabilidad intelectual nunca ha quedado determinada. Líderes del pueblo, verdaderos defensores de sus más justas reivindicaciones – como Martin Luther King –, no correrían mejor suerte.

El macarthismo quedará por siempre en la historia como un vergonzoso testimonio de los extremos a los que ese régimen de poder de la minoría opulenta puede alcanzar, pesadilla que lamentablemente ha venido siendo resucitada por estos días, con la consolidación de un fundamentalismo conservador y agresivo en los Estados Unidos, que trata de imponer sin ambages sus intereses y rígidos p