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 50 años de Revolución Cubana-Capítulo IX

BLOQUEO ECONOMICO, FINANCIERO Y COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CONTRA CUBA

(PRIMERA PARTE).

 

 

Introducción

 

 

Por la importancia histórica que tiene el conflicto político entre Cuba y Estados Unidos, provocado por la posición norteamericana de llevar a cabo una guerra sucia contra la Revolución, incluimos este capitulo seriado de varios trabajos con el propósito de narrar aspectos esenciales que permitan recordar y/o conocer hecho sobre el bloqueo injusto e ilegal que durante casi cinco décadas ha impuesto Estados Unidos al pueblo cubano a lo largo de diez diferentes administraciones.

 

Es ya el bloqueo económico más prolongado que se conoce en la historia y ha costado a la economía de cuba hasta la fecha más de 89 mil millones de dólares.

 

En lugar de aceptar que la Revolución cubana llegó a esa Isla para quedarse por decisión soberana de su pueblo, Washington insiste con terquedad y gastos millonarios en su vano intento de destruirla.  La Revolución Cubana esta, visiblemente, más fuerte que nunca.

 

Primera Parte

 

 

El pueblo cubano ha sufrido por más de cuatro décadas un bloqueo económico, comercial y financiero que busca doblegar su resistencia y hacerle renunciar a su derecho a la soberanía y la independencia. La administración del presidente George W. Bush ha recrudecido esa política genocida contra la nación cubana a extremos sin precedentes.

La exigencia de que se ponga fin a esa política, expresada en los más importantes foros multilaterales en los últimos tiempos, entre ellos la Segunda Cumbre de los Países del Sur del Grupo de los 77, la Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de la Sociedad de la Información, cada año por una abrumadora mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas a través de sendas resoluciones de su Asamblea General, se enfrenta a la conducta de abierto desprecio de las autoridades estadounidenses al Derecho Internacional.

Tal política no sólo pretende asfixiar al pueblo cubano y afectar sus relaciones con terceros países, también prohíbe y restringe libertades esenciales para el pueblo estadounidense, incluso algunas de rango constitucional.

Las nuevas medidas diseñadas por el gobierno estadounidense en mayo de 2004 y aplicadas casi en un 80% hasta la fecha, se añadieron y articularon al entramado de leyes y regulaciones que han conformado y escalado el bloqueo contra Cuba por más de cuarenta años.

Si bien siempre ha estado claro que las sucesivas administraciones de los Estados Unidos con la aplicación de la política criminal del bloqueo han perseguido el objetivo de destruir a la Revolución Cubana, esta vez, de forma pública y desvergonzada, el Imperio se ha comprometido con un plan dirigido a restaurar el capitalismo y reimponer su dominación sobre la nación cubana, proceso que conllevaría a la pérdida de los derechos que hoy disfruta el pueblo cubano como resultado de sus luchas y de las conquistas de su Revolución.

No existe norma alguna del Derecho Internacional que justifique el bloqueo en tiempos de paz. Desde 1909, en la Conferencia Naval de Londres, quedó definido como principio del derecho internacional que el “bloqueo es un acto de guerra” y sobre esta base, su empleo es posible únicamente entre los beligerantes. La Ley norteamericana de Comercio con el Enemigo, permite al Presidente imponer medidas de emergencia económica, pero sólo durante tiempo de guerra o ante la existencia de una amenaza flagrante a los intereses de seguridad nacional.

Varios instrumentos regionales y multilaterales condenan estos actos por ser contrarios a la paz y a la seguridad internacional. Conforme a lo dispuesto en el inciso c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, el bloqueo contra Cuba califica como un acto de Genocidio.

La absoluta falsedad de las muy diversas excusas que por más de cuatro décadas han empleado sucesivas administraciones de los Estados Unidos como pretextos a su guerra económica contra Cuba, ha quedado demostrada en los propios documentos oficiales estadounidenses desclasificados en 1991. En los mismos aparecen testimonios y pruebas irrefutables de que esa hostilidad antecedió a cualquier medida adoptada por el Gobierno Revolucionario a partir de 1959.

Los representantes de la dictadura batistiana huyeron a los Estados Unidos con 424 millones de dólares robados de los fondos de la República, que fueron depositados en bancos estadounidenses y que nunca fueron devueltos al pueblo cubano. Más aún, en 1959, a sólo cinco semanas del triunfo popular, le fue negado a las nuevas autoridades un modesto crédito solicitado a los Estados Unidos para mantener la estabilidad de la moneda nacional.

El Gobierno Revolucionario cubano, adoptó una serie de legítimas medidas destinadas a recuperar las riquezas del país y ponerlas al servicio del pueblo. La reacción de los Estados Unidos fue rápida y agresiva. El 8 de julio de 1959, para hacer expedita la venganza tras la adopción de la Ley de Reforma Agraria cubana, el Congreso norteamericano otorgó al Presidente mayores facultades para suspender la ayuda extranjera a todo país que confiscara propiedades norteamericanas.

Una tras otra, se fueron sucediendo las sanciones unilaterales de los Estados Unidos contra Cuba, con el objetivo de generar un descalabro en su economía. A la eliminación de la cuota azucarera cubana (julio/1960), le siguieron la prohibición de la asistencia a Cuba y el establecimiento del embargo al comercio (Sección 620/a de la Ley de Asistencia al Exterior de 1961) y la negativa de las empresas norteamericanas, por instrucciones de su Gobierno, a refinar el petróleo soviético que Cuba se vio obligado a comprar, tras la prohibición que se impusiera a las empresas norteamericanas de vender combustibles a la Isla.

El 3 de febrero de 1962, el Presidente Kennedy emitió la Proclama Nº 3447, decretando un embargo total al comercio con Cuba y orientó al Secretario del Tesoro llevar adelante las prohibiciones de exportación a nuestro país. Esta Proclama marca históricamente la institucionalización pública del bloqueo a Cuba, que, como se ha visto, había comenzado mucho antes.

Desde fecha tan temprana como el 6 de abril de 1960, un informe del funcionario del Departamento de Estado, I. D. Mallory, desclasificado en 1991, destacaba la finalidad perseguida con las presiones económicas que se gestaban, al expresar:

(…) “La mayoría de los cubanos apoyan a Castro” (…) “no existe una oposición política efectiva. El único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas (…) Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba (…) Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios, reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

No pretende este documento realizar un análisis histórico abarcador de las distintas etapas transitadas por la política genocida de bloqueo estadounidense contra Cuba. Para comprender la naturaleza criminal, mezquinas motivaciones y nefastas consecuencias del bloqueo sobre el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano, resultaría suficiente presentar algunos apuntes acerca de su ejecución durante los últimos meses.

El 30 de junio de 2004, entraron en vigor las medidas incluidas en el Informe de la llamada “Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre”, aprobado por el presidente George W. Bush el 6 de mayo del propio año. Los cientos de nuevas acciones incluidas en dicho Informe de más de 450 páginas, van dirigidas a recrudecer el bloqueo y propiciar las condiciones que faciliten una intervención estadounidense en la Isla que les permita imponer un “cambio de régimen”, como fuera proclamado por el propio presidente de los Estados Unidos el 20 de mayo de 2004.

Embajada de Cuba, Egipto 15-07-2008


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