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BLOQUEO ECONOMICO, FINANCIERO Y COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CONTRA CUBA
(CUARTA PARTE Y FINAL).
Las medidas de recrudecimiento en vigor desde el 2004 y su
impacto en el disfrute de los derechos humanos.
Una de las más graves consecuencias de la política de
bloqueo contra Cuba y de las últimas medidas de
recrudecimiento, está en el peligro que estas plantean al
disfrute del pueblo cubano de su derecho a la libre
determinación.
Para adelantar sus objetivos de dominación a la Isla, la
administración Bush no repara incluso en violar de manera
flagrante el derecho constitucional de los ciudadanos
estadounidenses de viajar libremente a un país con el cual
los Estados Unidos no está en guerra – al menos no la ha
declarado públicamente –, consagrado también en el artículo
12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que constituye una obligación jurídica para los Estados
Unidos, en calidad de Estado parte de ese instrumento
internacional. Peor aún, se pisotea groseramente el derecho
de los cubanos que residen en la potencia del Norte, a
visitar a sus familiares en su país de origen.
Profundizando al respecto, la Asamblea General de la ONU,
mediante su Resolución 59/203, titulada “Respeto del derecho
a la libertad universal de viajar e importancia vital de la
reunificación de las familias”, aprobada en diciembre de
2004, exhortó “a todos los Estados a que garanticen la
libertad universalmente reconocida de viajar a todos los
ciudadanos de otros países que residan legalmente en su
territorio”.
En enero de 2005, trascendió que la OFAC ha venido
interpretando las regulaciones sobre los viajes a Cuba de
modo tal que a los propios ciudadanos norteamericanos no se
les permite participar en reuniones en Cuba que sean
patrocinadas y organizadas por agencias de la ONU, salvo que
obtengan previamente una licencia.
A partir del año 2000 el volumen de los viajes a Cuba de
cubanos residentes en el exterior había tenido un
crecimiento estable y alcanzó en el 2003 la cifra record de
167 710; de ellos, 115 142 viajaron directamente desde EEUU.
Las medidas adoptadas por el gobierno de Bush contra la
familia cubana, a partir del segundo semestre del 2004,
tuvieron ese año un efecto muy negativo y las visitas de
cubanos residentes en Estados Unidos se redujeron a 57 145,
para una disminución del 50,9 % en comparación con el 2003.
Aunque en el 2005 se produjo una ligera recuperación y al
finalizar el año habían viajado a Cuba, directamente desde
EEUU, 62 269 cubanos residentes en ese país, las medidas
contra la familia cubana de la Administración Bush siguen
teniendo un impacto desfavorable, negándole a los cubanos,
el derecho a encontrarse con sus familiares. Por sólo
apuntar una de las más crueles restricciones impuestas, los
viajes que cubanos residentes en Estados Unidos antes podían
hacer cada año para visitar a sus familiares en la Isla,
ahora sólo pueden hacerlo cada tres años.
Los estadounidenses igualmente han visto afectados sus
derechos por la política anticubana de la administración
Bush. En el 2004 viajaron a Cuba 48 591 ciudadanos de ese
país, mientras que durante el 2005 sólo nos visitaron 35
003, lo que significó una disminución del 28 %.
Esa misma resolución pidió a todos los Estados que permitan
“el movimiento sin restricciones de las remesas financieras
que los ciudadanos de otros países que residen en su
territorio envíen a sus familiares en el país de origen”.
La Asamblea General
también resolvió mediante ese mismo texto, exhortar a todos
los Estados a que se abstengan de promulgar disposiciones, o
deroguen las que estén vigentes, concebidas como “medidas
coercitivas que establezcan un trato discriminatorio contra
migrantes legales, se trate de individuos o grupos, al
redundar en detrimento de la reunificación de las familias y
del derecho a enviar remesas financieras a sus familiares en
el país de origen”.
Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos ha adoptado todas
las medidas para privar a Cuba de ingresos absolutamente
legítimos, obstaculizando todo envío de remesas, apelando
incluso al inhumano procedimiento de prohibir o dificultar
al máximo a residentes de ese origen en Estados Unidos las
visitas a familiares cubanos.
Numerosos ejemplos recientes, algunos de los cuales se
exponen a continuación, revelan el propósito de la
administración Bush de poner freno al intercambio académico,
científico, cultural y deportivo entre los pueblos de Cuba y
Estados Unidos, lacerando así sus derechos.
Se viene obstaculizando sistemáticamente la participación de
científicos cubanos en reuniones y eventos científicos
internacionales, algunos de ellos multilaterales, al no
otorgárseles el visado de entrada a los Estados Unidos.
Los viajes de estudiantes norteamericanos al país se han
reducido al mínimo desde la promulgación en 2004 de las
medidas adicionales de prohibición de viajes a Cuba. A la
ONG norteamericana MEDICC, se le retiró la licencia de
viajes que otorga el Departamento del Tesoro. Dicha
organización ofrecía anualmente cursos en Cuba para 200
estudiantes y profesores en medicina, enfermería y salud
pública.
El Gobierno de Estados Unidos impidió la participación de
científicos y académicos norteamericanos en varios
encuentros científicos y eventos celebrados en Cuba.
La negativa a conceder licencias y/o al levantamiento de
barreras y obstáculos administrativo-burocráticos a
programas de intercambio de universidades de Estados Unidos
con la Universidad de La Habana, así como la prohibición de
viajes a Cuba de estudiantes y profesores de EEUU., si bien
ha sido una práctica permanente de diversas administraciones
estadounidenses durante más de 40 años, ha alcanzado niveles
de irracionalidad con las autoridades actuales.
En el período se cancelaron 6 programas de semestre para
estudiantes norteamericanos en la Universidad de La Habana,
que eran coordinados por entidades tales como: Center for
Cross Cultural Studies; Council for International
Educational Exchange; Institute for Study Abroad-Butler
University; School for International Training; Lexia
International y Crucero Semestre en el Mar. Comparando el
curso académico 2004-2005 con el curso anterior, se constata
que la matrícula para los programas coordinados por los
cinco centros listados anteriormente descendió en 253
estudiantes, o lo que es igual, el número decreció en más de
15 veces.
En el caso específico del Crucero Semestre en el Mar, en el
curso académico 2003-2004 este programa trabajó con la
Universidad de la Habana en dos ocasiones. En ellas se
involucraron 1,322 estudiantes y profesores. Dado que fue
cancelado el programa, en el actual curso académico ningún
estudiante o profesor asociado a este programa pudo viajar a
Cuba.
De mayor impacto resultaron las afectaciones para la
Universidad de La Habana por concepto de Proyectos de
Investigación cancelados o no iniciados, a pesar del interés
manifestado por la contraparte estadounidense.
Las recientes restricciones a los viajes educacionales,
científicos, deportivos y de intercambio académico de
ciudadanos e instituciones norteamericanas con homólogas
cubanas, violan un número significativo de derechos de los
pueblos cubano y estadounidense, reconocidos todos en la
Carta Internacional de Derechos Humanos.
Entre los derechos que han sido transgredidos podría citarse
la libertad de opinión y expresión (Artículo 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos), en virtud de la cual
todo individuo tiene el derecho, sin limitaciones de
fronteras, a buscar, investigar y recibir informaciones y
opiniones y “los beneficios que derivan del fomento y
desarrollo de la cooperación y de las relaciones
internacionales en cuestiones científicas y culturales”
(Párrafo 4 del Artículo 15 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
La administración Bush
con sus medidas del 6 de mayo de 2004 actuó claramente en
contra del Artículo V de la Declaración de los principios de
la cooperación cultural internacional, adoptada por la
UNESCO el 4 de noviembre de 1996, que reconoce que “la
cooperación cultural es un derecho y un deber de todos los
pueblos y todas las naciones, los cuales deben compartir su
saber y sus conocimientos”.
Las nuevas medidas de bloqueo y de verdadera guerra
económica total, no sólo agravan los obstáculos que la
política anticubana de sucesivos gobiernos estadounidenses
ha planteado a la plena realización por el pueblo cubano de
su derecho al desarrollo, consagrado en la Declaración de
igual nombre adoptada por la Asamblea General mediante su
resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986 y reafirmado
por consenso en la Declaración y Programa de Acción de la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, sino que
constituyen una criminal violación de la disposición
establecida en el párrafo 2, del Artículo 1, común a ambos
Pactos Internacionales de Derechos humanos, que establece
que “en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus
propios medios de subsistencia”.
Aunque por el momento, entre las medidas anticubanas
aplicadas por Washington desde el 30 de junio, no están
incluidas nuevas reducciones a las ya limitadas cantidades
de dinero que un cubano residente en los Estados Unidos
puede enviar a sus familiares en Cuba – discriminación que
sólo afecta a los cubanos, entre todas las nacionalidades de
migrantes legales que existen en ese país –, sí ha quedado
claro que se reducirán significativamente las categorías de
familiares que podrán recibir remesas.
En franca violación de varios artículos de la Declaración
Universal de Derechos Humanos –en particular el 19, 20 y 21,
que consagran las libertades de opinión y asociación y el
derecho de toda persona a participar en el gobierno de su
país–, se prohibió a los cubanos residentes en los Estados
Unidos el envío de remesas y paquetes a sus familiares en
Cuba, si estos son “funcionarios del gobierno o miembros del
Partido Comunista”. En el colmo de la irracionalidad, se
podrían presentar casos de ancianas de avanzada edad que
viven en la Isla, y que tendrían que renunciar a sus
derechos políticos para poder aspirar a continuar recibiendo
remesas de un hijo que resida en los Estados Unidos.
La entrada en vigor de las nuevas medidas anticubanas, el 30
de junio de 2004, marcó una nueva etapa cualitativa en la
política de hostilidad, bloqueo, agresiones y violaciones
masivas, flagrantes, sistemáticas y premeditadas de los
derechos humanos del pueblo cubano por las autoridades de
los Estados Unidos, agravando significativamente la entidad
de actos que califican como Delitos de Genocidio, en virtud
del inciso b), del Artículo II, de la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En ese
inciso del Artículo II de la Convención, se definen como
delitos de Genocidio los actos de “lesión grave a la
integridad física o mental” perpetrados con la intención de
destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso.
Como digna expresión de la vocación humanista del pueblo
cubano, mientras el gobierno de Washington insiste en dañar
el bienestar y la salud del pueblo cubano, el 21 de junio de
2004, el presidente cubano Fidel Castro ofreció públicamente
al gobierno norteamericano la posibilidad de atender
gratuitamente en la Isla, en cinco años, a 3000 ciudadanos
estadounidenses pobres, la misma cantidad de personas que
murieron en los atentados a las Torres Gemelas de Nueva
York, en septiembre de 2001.
Asimismo, el 30 de agosto de 2005, el Ministerio de
Relaciones Exteriores transmitió un mensaje de nuestro
gobierno informando la disposición de Cuba a enviar personal
de salud y 3 hospitales de campaña a las zonas afectadas por
el huracán Katrina en los Estados Unidos. En enero pasado,
también se comunicó la disposición de recibir a 150 mil
estadounidenses para ofrecerle tratamiento en salud.
Cuba confía en que una abrumadora mayoría de gobiernos de
todo el mundo, como lo hacen los pueblos y las personas
dignas y honestas de las más diversas latitudes, siga
reconociendo la importancia vital de oponerse a la
continuidad de una ilegal política de hostilidad y
agresiones unilaterales, que socava los cimientos mismos del
multilateralismo. |
