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MANIPULACION POLITICA DE LAS RELACIONES MIGRATORIAS ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS
(SEGUNDA PARTE).
La Operación Peter Pan
La obsesión por desestabilizar el país y destruir la
Revolución tuvo en los años 60’ uno de sus capítulos más
aborrecibles en la llamada “Operación Peter Pan”. A través
de la misma, 14 mil niños cubanos fueron separados de sus
hogares – utilizando el engaño como herramienta –, y
trasladados a Estados Unidos.
Los servicios especiales estadounidenses fabricaron y
difundieron profusamente el rumor de que el Gobierno
Revolucionario retiraría la patria potestad a los padres con
relación a la educación y cuidado de sus hijos. Fue montada
y ejecutada con el apoyo del gobierno de Estados Unidos una
criminal operación de traslado de niños cubanos hacia su
territorio, los que eran forzados a viajar sin la compañía
de sus padres.
La Operación Peter Pan
constituyó la mayor maniobra de manipulación con fines
políticos de niños que se recuerde en el hemisferio
occidental y fue también uno de los más tristes episodios en
la historia de la emigración cubana hacia Estados Unidos.
Muchos de aquellos niños fueron enviados a casas de
adopción, orfelinatos, e incluso, a establecimientos
penitenciarios para delincuentes juveniles de 35 estados de
la Unión.
Los organizadores del maquiavélico plan lograron mantener en
secreto por mucho tiempo sus métodos, medios y propósitos,
ocultando a la opinión pública toda información en relación
con una actividad aparentemente “humanitaria”, en realidad
una de las más siniestras operaciones encubiertas y de
guerra psicológica ejecutadas por los servicios secretos
estadounidenses.
Utilizando para la promoción y propaganda de la operación
los servicios de transmisiones ilegales de Radio Swan,
emisora del gobierno de Estados Unidos, comenzaron a
difundir de manera fraudulenta desde el día 26 de octubre de
1960, fragmentos de una falsa y nunca concebida “ley de
Patria Potestad”, supuestamente emitida por el gobierno de
La Habana.
Durante varios días se mantuvo a través de la citada emisora
y otros medios radiales e impresos al servicio de Estados
Unidos, la propaganda dolosa acerca de una eventual
expropiación de niños. Se repetían mensajes cuidadosamente
fabricados para impactar en las familias cubanas, concitando
en algunas el miedo infundado a perderlos.
Monseñor Bryan O. Walsh, párroco de la Iglesia del Sagrado
Corazón, perteneciente entonces a la diócesis de Miami, muy
vinculado a sectores recalcitrantes y agresivos de la
emigración cubana en esa localidad, fue el organizador
público de la Operación Peter Pan.
El padre Walsh, a través de la Catholic Welfare Bureau, creó
un equipo de colaboradores y empleados, que se encargaban de
visar, recibir en el aeropuerto y distribuir en diferentes
establecimientos creados al efecto en la Florida y otras
localidades del país, a las pequeñas víctimas de la cruel
maniobra migratoria. En un hecho sin precedentes, el
Departamento de Estado norteamericano transfirió a una
autoridad religiosa la potestad de emitir visas waiver
(visas volantes), a todos los niños cubanos entre 6 y 16
años.
Los primeros cinco niños que viajaron a través de la
Operación Peter Pan, llegaron a Miami a las 4:30 de la
tarde, del 26 de diciembre de 1960, en el vuelo 422 de la
Pan American.
Fue dura la experiencia que les tocó enfrentar a esos niños,
en muchos casos pequeños todavía, que tuvieron que abandonar
su país y sus familias para vivir en condiciones muchas
veces adversas. Se reportaron cientos de casos de abusos
contra ellos de los tutores y maestros que les fueron
asignados. Los testimonios de muchos de ellos, personas
adultas hoy, expresan de modo elocuente el sentimiento de
soledad y de abandono que sintieron. Muchos llegaron a
pensar que sus padres no los querían.
La situación para todos se hizo más difícil después de la
Crisis de Octubre en 1962, cuando los funcionarios del
gobierno norteamericano decidieron cerrar la emigración para
incrementar la presión sobre la isla. Más de la mitad de
esos niños sacados del país a través de la Operación Peter
Pan, tuvieron que sufrir duros años de separación. Y en
algunos casos, sencillamente, fue imposible el reencuentro.
El robo de médicos y profesionales en la década del 60
Durante los años que sucedieron al triunfo revolucionario,
las autoridades norteamericanas procuraron sacar del país,
como fuese menester, a los médicos, enfermeras, profesores,
maestros y otros profesionales universitarios o técnicos de
nivel medio, con el objetivo de paralizar la actividad
económica y los servicios sociales básicos del país.
Prometieron pagar a esas personas al arribar a Estados
Unidos, los salarios correspondientes a sus respectivas
calificaciones, incomparablemente mayores allí que los
equivalentes en una neocolonia recién independizada y a la
vez subdesarrollada, pobre y rigurosamente bloqueada. De los
6 mil médicos existentes en Cuba en 1959, 3 mil emigraron a
Estados Unidos.
La Ley de Ajuste Cubano
Una de las más claras expresiones de la política migratoria
criminal, inmoral y discriminatoria de Estados Unidos contra
el pueblo cubano es la llamada Ley de Ajuste Cubano,
engendro legislativo adoptado en 1966, con el deliberado
propósito de incentivar las salidas ilegales de ciudadanos
cubanos hacia ese país. Única de su tipo en el mundo, ofrece
a los cubanos que arriben a Estados Unidos de modo irregular
e ilegal, privilegios que no reciben ciudadanos de otra
nacionalidad ni país.
El tratamiento “preferencial” otorgado a los ciudadanos
cubanos, y que los ha distinguido hasta hoy del resto de los
extranjeros que arriban a Estados Unidos, adquirió su
basamento legal el 2 de noviembre de 1966, fecha en que el
presidente Johnson firmó la “Ley de Ajuste Cubano” que
establece que: “cualquier extranjero nativo (de Cuba) o
ciudadano cubano, que haya sido inspeccionado y admitido o
puesto bajo palabra en Estados Unidos después del primero de
enero de 1959, y que haya estado presente físicamente al
menos durante dos años, puede ser ajustado por el Fiscal
General, a su discreción y conforme a las regulaciones que
pueda prescribir, a la de extranjero admitido legalmente
para residir permanentemente”.
Es decir, la Ley de Ajuste Cubano establece que cualquier
cubano que llegue a territorio norteamericano, sin reparar
en formas y métodos empleados para ello, y que viva allí
durante dos años (después se rebajó a un año, que es lo
vigente hoy), puede recibir del Fiscal General (en la
práctica las autoridades de inmigración del INS), la
condición de Residente Permanente en Estados Unidos.
En virtud de ese malintencionado engendro jurídico y a
diferencia de los inmigrantes de otras nacionalidades,
cualquier cubano que arribe a suelo estadounidense por
cualquier medio, en particular por vías ilegales, obtiene
inmediatamente beneficios tales como el reconocimiento de su
presencia legal en el territorio, facilidades para ser
empleado y el acceso a distintas prestaciones sociales. A lo
anterior se une la posibilidad de obtener la residencia
legal de modo casi automático al año de su arribo al país.
Esta facultad que se ha dado al Fiscal General –que las
autoridades de inmigración aplican–, ha sido empleada desde
entonces para admitir en Estados Unidos a todo cubano que
llegara a ese país, independientemente de sus antecedentes
penales, y extendiendo impunidad a los responsables de
graves delitos, muchos de ellos cometidos con el objetivo de
alcanzar el territorio estadounidense.
A tenor de esta Ley, Estados Unidos manipula
sistemáticamente el otorgamiento de la condición de
refugiado, al concederla de modo automático a cada cubano
que arriba a su territorio. Se califica como refugiado prima
facie a personas cuya motivación para emigrar es totalmente
económica.
La Ley de Ajuste Cubano permite a los cubanos al llegar a
Estados Unidos recibir de forma inmediata y automática
permiso de trabajo, prescindir de la presentación de una
declaración jurada de manutención (AFFIDAVIT OF SUPPORT)
para recibir su residencia legal, obtener un número de
seguridad social, beneficios públicos de alimentación y
alojamiento, ajustar su situación migratoria sin necesidad
de ir a su país de origen a recibirla –como ocurre con
solicitantes de otras nacionalidades–, sin necesitar
abogados, ni incurrir en gastos para obtener el beneficio de
la residencia permanente.
El Gobierno de Estados Unidos no se limitó a extender los
privilegios antes identificados a los cubanos tras el arribo
a su territorio, promovió las salidas ilegales del país a
través de una profusa propaganda de los “beneficios” que
encontrarían los habitantes de la isla al emigrar
irregularmente a Estados Unidos. Los propios servicios
oficiales de radio y televisión, cuya programación
anticubana es financiada y controlada por las autoridades
estadounidenses, han servido de aliento a la emigración
ilegal desde la Isla. Han presentado a brutales y asesinos
secuestradores de embarcaciones y aeronaves como héroes y
ocultan los peligros reales que acechan a aquellos que
viajan a Estados Unidos en frágiles embarcaciones.
La aplicación oportunista de la llamada Ley de Ajuste
Cubano, la falta de medidas eficaces para poner coto a la
emigración ilegal y eliminar el contrabando de personas, el
estímulo y la impunidad que recibían en Estados Unidos los
perpetradores de secuestros armados de embarcaciones y
aeronaves, la casi nula ejecución del Acuerdo Migratorio
bilateral de 1984 y el impacto brutal del recrudecimiento
del genocida bloqueo contra Cuba, en un contexto de abrupta
interrupción de las relaciones económicas con el
desaparecido campo socialista, fueron los factores
esenciales que generaron la denominada “crisis de los
balseros” en agosto de 1994, como resultado de la cual
emigraron ilegalmente hacia Estados Unidos más de 30 mil
personas.
Ese propio año, fueron asumidos nuevos acuerdos migratorios
entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, la continuidad en
la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano y la política de
“pies secos o pies mojados” –que se traduce en que aquellos
que logran alcanzar el territorio estadounidense no son
devueltos a la Isla–, en las condiciones de limitaciones
económicas que impone el bloqueo de Estados Unidos a Cuba,
constituye un permanente estímulo a las salidas ilegales del
país, para las personas interesadas en emigrar a la potencia
del Norte y que no pueden hacerlo por vías legales.
La precariedad y fragilidad de los medios utilizados en las
travesías marítimas y los riesgos asociados a operaciones de
tráfico de migrantes que se llevan a cabo en embarcaciones
procedentes de la Florida, han costado cientos de vidas
humanas y ponen en peligro otras muchas en el futuro.
Estados Unidos no podrá establecer el control y la
disciplina en sus propias costas mientras exista la “Ley de
Ajuste Cubano”, y mucho menos mientras continúe financiando
y perfeccionando las transmisiones radiales y televisivas
contra la isla, que llevan a cabo un incesante aliento a las
salidas ilegales, como parte de la guerra política y
psicológica contra nuestro país.
Como consecuencia de la criminal política de manipulación a
los vínculos migratorios y del aliento a las salidas
ilegales del país, se produjo el lamentable caso de la
desaparición en el mar de la madre, y el posterior secuestro
en Miami del niño cubano Elián González.
Sobre las autoridades de Estados Unidos recae enteramente la
responsabilidad de que a lo largo de más de tres décadas
hayan perecido, o corran todavía el peligro de perder sus
vidas numerosos seres humanos, incluso niños, que son
incitados a cometer tales aventuras como consecuencia de una
política ilegal carente de toda ética y sentido humano. |
